Derechos Humanos/ Genocidio en el Tibet

Cubamatinal/ Según los cálculos del juez Santiago Pedraz, la actuación del ejército chino provocó “al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos”

Por Ignacio Lobello 

Madrid, 17 de julio/ La Gran Época/ Según informó recientemente la Agencia Europa Press, el pasado 6 de julio el régimen comunista rechazó asistir jurídicamente a la Audiencia Nacional para responder a las acusaciones de las que se imputa a varios mandatarios chinos en relación a los disturbios en Tibet del año pasado. Las autoridades chinas exigieron a España que el juez Santiago Pedraz suspenda la investigación sobre tres ministros y cinco altos cargos del régimen, a los que les acusa de una presunta participación en la represión que se llevó a cabo en Tibet en marzo de 2008.

“La parte china deniega con firmeza cualquier solicitud de asistencia judicial relacionada con este caso”, afirmó el régimen de Beijing, que además “exige que el Gobierno español asuma las responsabilidades del Derecho Internacional que le corresponda y adopte medidas inmediatas y eficaces para prevenir cualquier abuso del Tratado de Asistencia sobre materia penal, haciendo cesar definitivamente, cuanto antes, el supuesto caso”.

Según Beijing, la tramitación de esa “falsa querella” ha violado “los principios básicos de jurisdicción e inmunidad de Estado que el Derecho Internacional establece y no pertenece a la cobertura del Tratado sobre Asistencia Judicial en materia penal entre ambos países”.

De esta forma, el partido comunista chino (PCCh) respondió a la comisión rogatoria que remitió el magistrado español el pasado mes de mayo. El juez Pedraz pidió interrogar a estas ocho personas como imputados por la comisión de “crímenes contra la humanidad y en concreto por delito de lesa humanidad” con torturas, detenciones ilegales, muertes y desapariciones. Según los cálculos del juez, la actuación del ejército chino provocó “al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos”.

España se convirtió en 2006 en el primer país del mundo en aceptar querellas criminales contra el régimen comunista chino después de que el Tribunal Constitucional determinara su competencia para investigar los delitos de genocidio con independencia del lugar donde se cometan y de la nacionalidad de las víctimas y de los genocidas. En España hay actualmente dos causas abiertas por los crímenes perpetrados por el régimen comunista en China contra el pueblo tibetano, y otra más por los crímenes contra practicantes de Falun Gong.

Sin embargo, debido a las presiones de Estados Unidos, Israel y China, el Gobierno Español, en común acuerdo con el Partido Popular, ha decidido modificar la ley que regula el Principio de Jurisdicción Universal, de forma que solo puedan aceptarse aquellos casos que afecten a ciudadanos españoles.