Economía/ Indemnizaciones

Cubamatinal/ Medio siglo después que Boby Fuller fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento castrista, sus hermanos, ya mayores, buscan la forma de hacer que Cuba les pague por su pérdida.

Por Jay Weaver 

Miami, 25 de julio/ The Miami Herald/ Y han ideado una nueva estrategia jurídica para hacerlo: que las compañías telefónicas de Estados Unidos les paguen.

Específicamente, quieren que se graven los cientos de millones de dólares que empresas como AT&T y Sprint comparten con el monopolio telefónico cubano. El dinero lo generan llamadas entre la isla y Estados Unidos, ingresos exentos del embargo comercial a Cuba.

Si logran su propósito, los familiares de Fuller y otras cuatro familias de Miami-Dade con más de $1,000 millones en fallos civiles contra el gobierno cubano tendrían una posible nueva fuente de dónde cobrar sus reclamaciones.

“Lo que está en juego es enorme”, dice Andrew Hall, abogado miamense que recientemente ganó un juicio de $13 millones contra Sudán para las familias de 17 marineros estadounidenses muertos en ataques terroristas en el barco USS Cole. Hall no está relacionado con el caso de Fuller.

La estrategia de la familia Fuller también podría exponer detalles muy bien guardados de cómo las compañías estadounidenses con licencia para hacer negocios con Cuba usan a terceros para pagar al gobierno de Castro, secretos que éstas no quieren que se divulguen.

Esas compañías se han lanzado a la ofensiva, alegando que sus pagos no se pueden confiscar para satisfacer los veredictos porque el dinero no se puede vincular directamente al gobierno cubano.

En los primeros seis meses del 2008, las cifras más recientes, ocho empresas telefónicas, como AT&T, Sprint y Verizon, le pagaron unos $122.5 millones a Cuba o a otras compañías que operan servicio de larga distancia a Cuba, según el Departamento del Tesoro.

La estrategia jurídica de la familia Fuller surge de la necesidad, porque los activos cubanos congelados en bancos de Estados Unidos desde 1963 se han ido agotando para indemnizar fallos anteriores contra el gobierno de Castro.

Media docena de familias, entre ellas parientes de tres pilotos de Hermanos al Rescate que murieron cuando las avionetas en que viajaban fueron derribadas por un MiG cubano en 1996, han agotado las cuentas cubanas en JP Morgan Chase en Nueva York, que en un momento llegaron a tener $170 millones.

Roberto Martínez, abogado de Coral Gables que encabezó el equipo que ganó el caso de Hermanos al Rescate, ahora representa a la familia Fuller en el intento de tener acceso a otra fuente de activos cubanos en Estados Unidos.

Martínez ya consiguió que AT&T pagara $1 millón a los cuatro hermanos vivos de Fuller y a la familia de su difunta hija, dinero que AT&T debía desde hacía años a la compañía original cubana EMTELCUBA, que ya no existe. Ese pago representa una fracción del fallo de $100 millones contra Cuba, adjudicado en diciembre del 2006.

Martínez también persuadió a un juez federal que ordenara que nueve telefónicas estadounidenses con licencia para hacer negocios con Cuba, entre ellas AT&T, Verizon y Sprint, explicaran cómo pagan a Cuba el dinero que le corresponde por las llamadas de larga distancia.

Este mes el juez de distrito federal Adalberto Jordán ordenó a las compañías telefónicas que entregaran declaraciones juradas en que expliquen sus pagos a terceros y a la compañía telefónica nacional de Cuba, Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA), la sucesora de EMTELCUBA en 1994, y que opera unos 650,000 teléfonos de línea fija.

Legalmente, los pagos de esas compañías a Cuba se podrían confiscar sólo si se transfieren a alguna entidad del gobierno cubano.

Martínez afirma que ETECSA encaja en esa definición, alegando que es “el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba”, según un documento presentado al tribunal.

ETECSA es propiedad de compañías controladas por el gobierno cubano, pero varias telefónicas extranjeras también tienen participaciones minoritarias.

En una apelación en el caso de Hermanos al Rescate hace una década, un tribunal federal de apelaciones falló que debido a esas participaciones ETECSA no era un alter ego del gobierno cubano, aunque la compañía se representó como “instrumento” durante el caso.

Miembros de la familia de Fuller dijeron que un minucioso examen de los pagos de las telefónicas a ETECSA es enteramente justo. Bobby Fuller fue ejecutado porque un tribunal militar que lo sentenció a muerte por su participación en una fracasada operación militar en la isla en 1960.

“Creo que el único modo en que el tribunal puede conocer las ganancias de las compañías estadounidenses y del gobierno cubano es revisando los libros de esas compañías”, dice Frederick Fuller, técnico retirado de BellSouth y hermano menor de Bobby Fuller.

En 1996 la Ley Antiterrorista y Penas de Muerte allanó el camino para que ciudadanos privados demandaran a gobiernos extranjeros por actos terroristas y generó numerosas demandas, y veredictos, contra Cuba en Miami-Dade.

En el 2002 el Congreso aprobó la Ley de Seguro Contra Riesgo Terrorista, que ha ayudado a algunas víctimas a cobrar daños contra estados designados terroristas, como Cuba, Irán y Corea del Norte.

Esa ley permite que los demandantes soliciten compensación de ciertos activos que esos países tienen en Estados Unidos.

La familia Fuller, junto con otras familias de Miami-Dade, confían en esa ley.