Sociedad/ Indefensión jurídica

Cubamatinal/ Jesús Campos Matienzo hizo el equipo nacional de baloncesto en la década de los 80. Se tituló de profesor en educación física. Hoy tiene 48 años.

Por Juan Carlos Linares Balmaseda

La Habana, 3 de agosto/ A comienzos de 2003 regresa de República Dominicana, país en el que poseía un contrato de trabajo. Regresaba para encarar una acusación, formulada en octubre del año anterior, de supuesta complicidad en un hecho de corrupción de menores. En el aeropuerto es detenido por policías del Departamento Técnico de Investigación (DTI).

Por ese entonces conducía el proceso de instrucción de cargos en contra suya la investigadora Ana Sofía Carmona Ferry, joven policía y en cinta. Del equipaje de Matienzo “se pierde” la canastilla para su hija a punto de nacer, artículos de vestir y una manilla de oro. Luego él se enteraría de que la joven instructora fue separada del oficio al evidenciarse que falsificó el título de 12º grado.

Después de ser detenido en el aeropuerto pasaría un tiempo bajo interrogatorio y dos años en la prisión Valle Grande esperando juicio. La fiscalía pedía 25 años de condena.

Antes del juicio debió pagar una multa de 1000 dólares. Había dos extranjeros involucrados en la causa, los supuestos autores materiales del delito de corrupción de menores, que de acuerdo con la investigación policial pernoctaban en casa de Matienzo. En el juicio todos fueron absueltos, quizás porque lo notorio del caso era una relación amorosa entre uno de los extranjeros y una cubana de minoría sólo en edad, nunca en cuanto a inocencia sexual.

Durante un interrogatorio con el jefe de una de las secciones del DTI, el Teniente Coronel Alfonso, este le confiesa a Matienzo: “lo único que nos faltó confiscarle a tu suegro fue esa casa, cosa que haremos contigo”. En 1988 el suegro de Matienzo sería procesado por delitos económicos cuando administraba el famoso Pio Pio ubicado en el citadino barrio La Víbora.

El Teniente Coronel hablaba de la casa 670 en calle Rodríguez, en el barrio habanero de  Luyanó, casa que perteneció a la familia de la esposa de Matienzo. Familia que había emigrado en el pasado. Solo la esposa de Matienzo quedaba en Cuba, y más recientemente cuando esta decide unirse a su familia en el extranjero Matienzo pasa a ser el propietario del inmueble.

Una vez que concluye el juicio, Matienzo preocupado le pregunta a la presidenta del Tribunal: “¿Y que va a pasar con mi casa?”. La respuesta de la jueza sonó firme: “¡Se le devolverá, claro está! No hay delito”.

Pero la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV) de Ciudad de La Habana dispuso “confiscar a favor del Estado dicha vivienda”, declarar “SIN LUGAR” la reclamación del abogado de Matienzo y “no procedía recurso alguno en lo administrativo ni en lo judicial” de ninguna otra reclamación. La DPV actuaba al amparo de un informe brindado por el DTI (Ministerio del Interior).

El abogado de Matienzo reclamó, pormenorizando las violaciones cometidas durante el proceso penal: “Aplicación de un Decreto Ley con carácter retroactivo. La DPV no aplicó la confiscación al estar enterada del supuesto hecho delictivo, sino por la presión del DTI. La DPV nunca alertó o emplazó a Matienzo para que éste pudiese contestar o defenderse legalmente… Fueron aplicadas dos medidas administrativas por un mismo hecho (multa y confiscación del inmueble). Tampoco se tuvo en cuenta las solicitudes de revisión formuladas con anterioridad por mi defendido”.

Reclamación por la que el abogado tuvo que comparecer ante Dirección de Bufetes Colectivos y ser cuestionado. Las quejas de Matienzo llegan hasta el Consejo de Estado; la Asamblea Nacional del Poder Popular y varios diputados en persona; la Fiscalía General de la República; el Tribunal Supremo Popular y el Ministerio de Justicia. La DPV ha propuesto restituirle la propiedad confiscada con un apartamento muy pequeño y en pisos elevados, lo que Matienzo rehúsa. Mientras su nueva familia mora dentro de un edificio en ruinas.