Economía/ Mientras cae el PIB

Cubamatinal/ El Ejecutivo español acordó el jueves destinar 642 millones de euros para el programa de protección por desempleo e inserción que podría beneficiar a unas 340.000 personas, dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

 Madrid, 13 de agosto/ Reuters/ Esta medida, que tendrá una vigencia de seis meses prorrogables por periodos de seis meses siempre que la tasa de paro se mantenga por encima el 17 por ciento, esta diseñada para facilitar cobertura económica a desempleados que agoten su prestación o subsidio y carezcan de rentas superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI).

En el segundo trimestre de este año, la tasa de paro se ubicó en el 17,9 por ciento, según cifras de la Encuesta de la Población Activa divulgadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística.

“La reunión que acabamos de mantener ha estado centrada fundamentalmente en seguir combatiendo la crisis económica”, dijo De la Vega en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La financiación de esta prestación será a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, mientras las comunidades autónomas financiarán las acciones incluidas en los itinerarios de empleo (cursos de formación o medidas destinadas a la preparación para el mercado laboral).

Será incompatible con otras rentas concedidas por las distintas administraciones públicas. El perceptor deberá participar en itinerarios de inserción que deben mejorar sus capacidades y competencias profesionales.

PROPUESTA PARA AUTÓNOMOS

El Ministerio de Trabajo también ha presentado en el Consejo de Ministros el informe sobre la propuesta de un sistema de prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

En este sentido, el Gobierno ha elaborado una propuesta que recoge un sistema específico de prestación para los trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria.

La duración de la protección dependerá de los periodos de cotización efectuados dentro de los 36 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese.

De la Vega también señaló que el Gobierno ha estudiado la Ley de Economía Sostenible que deberá ser el eje fundamental sobre el que rote la economía española.

“Esta es la Ley que ha de situarnos sobre los cimientos del conocimiento y la innovación”, dijo la vicepresidenta. “Este y no otro es el modelo que puede ofrecer seguridad y crecimiento sostenible a nuestra economía y a nuestra sociedad”.

Según De la Vega, este modelo debe contar con la contribución de todas las partes, como agentes sociales, administraciones publicas y grupos políticos.

En este mismo contexto, la vicepresidenta mencionó la creación de un fondo para la economía sostenible.

El Consejo también analizó un informe presentado por el vicepresidente Tercero del Gobierno, Manuel Chaves, sobre el nuevo fondo estatal de inversión para el empleo y la sostenibilidad.

Este fondo, que fue comprometido por el presidente del Gobierno, [1] José Luis Rodríguez Zapatero en el último debate sobre el Estado de la Nación, estará dotado con 5.000 millones de euros disponibles en 2010 para todos los municipios españoles.

Fernández de la Vega añadió que este fondo se destinará preferentemente a las nuevas tecnologías, a la innovación, a la protección del [2] medio ambiente, al ahorro energético y a la inversión en equipamientos y servicios sociales.