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Cubamatinal/ El ejército dio de baja el martes a 10 ex militares en retiro procesados por torturas, asesinatos y corrupción que habían sido recontratados por la institución, pero mantendrá en sus filas a tres más que siguen en servicio activo.

Santiagfo de Chile, 9 de septiembre/ AP/ El escándalo se desató hace 10 días luego que el diario oficialista La Nación informó de los ex represores recontratados que recibían honorarios que oscilaban entre 450 y 2.250 dólares, y ello llevó a que el comandante en jefe del ejército, general Oscar Izurieta, compareciera el martes ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

Un comunicado institucional difundido el martes por la noche dijo que siendo el ejército una institución subordinada a la autoridad política, Izurieta resolvió “caducar, a partir de esta fecha, todos los contratos (a honorarios y por contrato) de personal en retiro que se encuentra sometido a proceso”.

Sin embargo, Izurieta decidió mantener en las filas institucionales a otros tres ex agentes de la dictadura del general [1] Augusto Pinochet, cuyo régimen de 16 años y medio (1973-1990) dejó 3.197 opositores muertos, incluidos unos 1.200 desaparecidos políticos.

La nota añade que el ejército mantiene el criterio “ya señalado para los oficiales y cuadro permanente en servicio activo, sometido a proceso, en el sentido de no desvincularlo del Ejército mientras no hayan sido sentenciados”.

Señala el comunicado que sostiene el principio “avalado por el gobierno” que “el sólo hecho de haber pertenecido a organismos de seguridad del régimen militar, no es causal para impedir el desempeño laboral en la Institución”.

La frase alude implícitamente a las palabras del ministro de Defensa, Francisco Vidal, que afirmó que el estar procesado no es sinónimo de culpabilidad, aun en casos de violaciones a los derechos humanos, lo que despertó la ira de organismos defensores de los derechos humanos y de parlamentarios oficialistas.

Vidal precisó que de los 13 ex agentes de la DINA y la CNI, los máximos organismos represores de Pinochet (1973-1990), ocho enfrentan juicios por violaciones a los derechos humanos.

Los otros cinco estaban vinculados al llamado “caso Riggs”, por el cual fue procesado el propio Pinochet cuando una comisión senatorial estadounidense descubrió que mantenía casi 26 millones de dólares ocultos a su nombre y bajo alias en más de un centenar de cuentas bancarias, la mayoría en Estados Unidos, otra en Gran Bretaña y en paraísos fiscales.

Un decimocuarto recontratado, el coronel jubilado Pedro Teyssedre, fue desvinculado del ejército horas después de conocerse la situación denunciada hace 10 días por La Nación, el mismo que el domingo último reveló que en el grupo hay tres ex represores en servicio activo.

Teyssedre trabajaba en un centro médico militar en el norte y en el 2008 fue condenado en primera instancia por la desaparición del joven izquierdista Manuel Llanca Lorca en 1975.

El ejército no reveló la identidad de los procesados en este caso, pero La Nación dijo que uno de ellos es el coronel Marco Bustos, enjuiciado por el secuestro y asesinato de cinco militantes del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en 1987. Son los últimos desaparecidos de la dictadura, capturados para canjearlos por un coronel que estaba en poder del FPMR.

Luego que el oficial apareció con vida, los izquierdistas fueron asesinados y lanzados al mar, según la investigación del juez Mario Carrozas.

Los suboficiales activos son Nelson Román Vargas y Marcelo Sandoval Durán, los cuales están procesados por el juez Alejandro Madrid por sacar del país en 1991 al químico Eugenio Berríos, quien fue mantenido secuestrado en Uruguay hasta que apareció muerto en una playa uruguaya.