Sociedad/Emigración

Cubamatinal/ El Parlamento español aprobó el jueves definitivamente una nueva reforma de la Ley de Extranjería que vincula el fenómeno migratorio con las necesidades del mercado laboral, y que los colectivos de inmigrantes califican de injusta por recortar derechos fundamentales de las personas.

Madrid, 27 de noviembre/ AP/ La norma endurece algunos criterios para la reagrupación familiar y amplía de 40 a 60 días el periodo de retención de extranjeros indocumentados, aunque también amplía algunos derechos laborales.

El texto, que entrará en vigor en los próximos días, volvió a la Cámara Baja después de pasar por el trámite del Senado y salió adelante por un ajustado margen de 180 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones. Una veintena de inmigrantes, ataviados con monos naranjas simulando el uniforme de los presos de Guantánamo, se concentraron ante la puerta del Congreso de los Diputados con pancartas y carteles en los que se podía leer: “Ley racista” o “Por el derecho a tener derechos”.

El gobierno socialista planteó en junio la modificación de la ley para –argumentó– ajustarla más a la realidad actual y adaptar la inmigración a las necesidades del mercado laboral, muy castigado en el país ibérico por la crisis económica.

En España residen 4.5 millones de inmigrantes, el 12 por ciento de la población. Si la tasa de desempleo alcanza el 17.9 por ciento en todo el país, la más alta de la Unión Europea. Entre los extranjeros se encuentra en el 27.5 por ciento, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística.

En el largo camino hacia la aprobación de la reforma, la cuarta que sufre esta ley de extranjería en 10 años, el Parlamento apenas ha introducido cambios y ha mantenido los artículos que despertaron mayor controversia.

Entre los puntos más polémicos, la nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados que llegan a territorio español. No obstante, el Parlamento introdujo una enmienda que permitirá a asistentes sociales y ONG visitar los centros de internamiento para asistir a los indocumentados.

Además, con el objetivo de frenar la llegada de personas en edad laboral en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

De hecho, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco años en España y no uno, como ocurría hasta ahora.

En el capítulo de ampliación de derechos, el Congreso introdujo una importante enmienda, solicitada por organizaciones sociales, que permitirá a las administraciones públicas y a ONG hacerse cargo de la tutela de los menores inmigrantes que llegan a España sin compañía.

Además, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.

Otro de los nuevos derechos contempla la posibilidad de conceder permisos de trabajo, al menos temporales, a mujeres en situación irregular víctimas de violencia de género.

Durante meses, colectivos y asociaciones de inmigrantes enfrentaron todo tipo de manifestaciones, reuniones y protestas para que la ley de extranjería no saliera adelante en los términos en que fue planteada.

Las personas que se concentraron frente al Congreso, representando a casi 100 asociaciones, entregaron una carta a todos los diputados explicando las razones que les llevan a rechazar la iniciativa.

“Una vez más, se apuesta por el control policial y por crear instrumentos legales que legitimen las políticas de restricción de derechos y libertades de las personas migrantes”, indicó en el documento.

Gabriela Morales, de SOS Racismo Madrid, se mostró muy crítica con la retención de indocumentados y señaló que el gobierno socialista deberá cargar durante toda su vida con una ley que criminaliza a las personas.

“Es un retroceso de los derechos humanos”, afirmó Morales. “Es inadmisible”.

Los responsables de los colectivos de inmigrantes señalaron que seguirán peleando para hacer oír su voz en contra de la ley.