Colaboraciones/ Derecho

Cubamatinal/ “No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia.”Montesquieu (abogado, pensador, político y escritor francés).
La presunción de inocencia es un principio que tiene en nuestros días expreso reconocimiento constitucional en casi todas las legislaciones.

Por Veizant Boloy González

La Habana, 1 de noviembre/ PD/ Por una cuestión de respeto a la dignidad humana, el imputado no puede ser tratado como culpable si no se ha probado el delito incoado, por lo que resulta indispensable que el mismo tenga garantizada la oportunidad de demostrar su inocencia.

En nuestra magna ley no aparece regulado este principio de manera expresa. La Ley de Procedimiento Penal Cubana, en su artículo primero establece: “Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él”.
A partir de ese instante, en que la persona es objeto de cacheo en el medio de la calle por parte de la policía o es víctima de un aparatoso operativo para realizar un registro domiciliario, que culmina con la detención como presunto responsable, ante el ojo juzgador de la comunidad; se suceden una larga cadena de violaciones a este principio.

Nada afecta más la reputación de una persona que su prisión durante el proceso. Sin embargo, la prisión provisional es impuesta de forma arbitraria e indiscriminada por el ministerio fiscal, cuando dicha medida cautelar debería responder a que exista una justicia pronta, y no a la peligrosidad social del presunto hecho.
En un sistema con características tan complejas como el nuestro, la Fiscalía no debería ostentar la dualidad de ser una institución protectora de los derechos del ciudadano y a la vez responder directamente a los intereses del Estado.
También se pone en tela de juicio la inocencia mientras más se dilate el proceso, pues de ello pudiera asumirse por parte de la sociedad el falso dogma de que el Estado sólo procesa a los culpables.
Por otra parte, resulta contradictorio que el acusado pueda confiar en que las autoridades (únicos responsables de investigar y probar el delito imputado) lleguen a la verdad si desde el inicio de las actuaciones, la Policía y el ministerio fiscal, siguen únicamente sus sospechas e investigan sin objetividad, determinados a probar la culpabilidad del encartado y no su inocencia.